La ecología la pago yo de mi bolsillo… y doblemente. La gran estafa verde que nadie ve

Bienvenido al circo ecológico

Te han contado una historia preciosa. El planeta se muere, tú eres el culpable, y la solución pasa por que vacíes tu cuenta corriente. Primero vía impuestos, después comprando lo que te dicen que compres. No te lo piden amablemente: te asfixian hasta que no te queda otra opción. Y mientras tanto, los que diseñan las normas van en coche oficial con chófer, y las marcas que fabrican los vehículos te pasan la factura de su adaptación normativa como si fuera un favor.

Que quede claro antes de seguir: no estoy en contra de cuidar el medioambiente. Estoy en contra de la hipocresía institucional que ha convertido la transición ecológica en un impuesto encubierto sobre la clase trabajadora. Estoy en contra de que la responsabilidad medioambiental recaiga siempre, sistemáticamente y sin excepción, sobre el mismo: sobre ti y sobre mí.

El doble pago: impuestos por un lado, coacción comercial por otro

Analicemos las dos vías por las que el ciudadano financia la ecología de su bolsillo.

Primera vía: la fiscal. Cada vez que llenas el depósito, una parte significativa de lo que pagas son impuestos. Impuestos especiales sobre hidrocarburos, IVA sobre el propio impuesto — sí, pagas impuestos sobre impuestos, eso no es invención, es la estructura fiscal real —, tasas y recargos varios. Lo mismo pasa con tu factura eléctrica, donde los peajes, cargos regulados y tributos representan una porción considerable de lo que pagas cada mes. Estos impuestos se justifican, entre otras cosas, con la transición ecológica. Se supone que ese dinero debería invertirse en infraestructuras, en alternativas de transporte, en hacer viable que puedas vivir sin depender del coche privado. La pregunta es: ¿dónde está esa inversión? ¿La ves reflejada en tu día a día?

Segunda vía: la comercial. Las normativas de emisiones europeas cada vez más restrictivas, las zonas de bajas emisiones que te prohíben circular con tu vehículo, las etiquetas medioambientales que clasifican tu coche como si fuera un delincuente… todo está diseñado para empujarte hacia un producto concreto: el coche eléctrico. Pero aquí viene lo interesante desde el punto de vista económico. Las normativas de emisiones se las imponen a los fabricantes. Las multas por superar los límites de CO2 las pagan los fabricantes. Pero, ¿quién cree que los fabricantes absorben esos costes de su margen de beneficio? Nadie que haya pisado alguna vez un concesionario. Los fabricantes repercuten el coste normativo en el precio final del vehículo. Siempre. Sin excepción. Cada euro que la UE multa o amenaza con multar a un fabricante se traduce en un incremento del precio que paga el comprador. Tú. Yo. El trabajador que necesita un coche para llegar a su puesto de trabajo.

Y ahí tienes el doble pago. Primero financias la transición ecológica con tus impuestos. Después la financias otra vez comprando un producto más caro porque las normativas que el fabricante tiene que cumplir las pagas tú en el precio de venta. El ciudadano paga dos veces. El político no paga ninguna. El fabricante tampoco.

Las marcas no pierden: tú sí

Vamos a detenernos en este punto porque es el corazón del debate y el que más escuece.

Cuando la Unión Europea endurece los límites de emisiones de CO2 para los fabricantes, establece un sistema de multas para los que no cumplan. La lógica política dice que esto presiona a las marcas a fabricar coches más limpios. La lógica económica real dice algo muy diferente: las marcas trasladan el coste al consumidor.

¿Cómo lo hacen? De varias formas. La más evidente es el encarecimiento generalizado de los vehículos nuevos. Si fabricar un coche que cumpla la normativa cuesta más, el coche cuesta más. No hay misterio. La segunda forma es la eliminación progresiva de modelos asequibles. Cada vez hay menos coches nuevos por debajo de ciertos umbrales de precio, porque los márgenes no dan para absorber los costes de electrificación o hibridación en segmentos baratos. La tercera es la estrategia de empujar la venta de eléctricos e híbridos enchufables con precios inflados que incluyen un margen superior al de los modelos de combustión equivalentes.

El resultado neto es que el ciudadano que necesita un coche — y en este país, con la dispersión geográfica y la deficiencia del transporte público, la mayoría de los ciudadanos necesita un coche — paga más por él. Paga el coste de la transición ecológica que las marcas no absorben. Paga la innovación tecnológica que las marcas desarrollan con subvenciones públicas — es decir, con más dinero del contribuyente — y después venden a precio de mercado. El fabricante no pierde. Adapta su modelo de negocio, sube precios, reorienta su gama, y sigue facturando. El que pierde es el comprador.

Y si decides no comprar un coche nuevo porque no puedes permitírtelo, la maquinaria regulatoria se encarga de penalizarte igualmente. Zonas de bajas emisiones que te impiden circular. Restricciones de aparcamiento. Incrementos del impuesto de circulación para vehículos antiguos. Te penalizan por no poder permitirte el coche que ellos quieren que compres. Es una trampa perfecta: o pagas, o te castigan.

Las subvenciones: el espejismo que nadie se puede permitir

Aquí entra en juego otro elemento del circo: las ayudas públicas a la compra de vehículos eléctricos. En teoría, estas subvenciones existen para hacer accesible la movilidad eléctrica. En la práctica, funcionan como un descuento para quien ya podía permitirse el coche de todas formas y como un cheque regalo indirecto para el fabricante, que mantiene o sube el precio sabiendo que el Estado cubre parte de la diferencia.

Piénsalo fríamente. Si un coche eléctrico cuesta significativamente más que su equivalente de combustión, una subvención de unos pocos miles de euros no cambia la ecuación para una familia trabajadora. La entrada sigue siendo alta. Las cuotas de financiación siguen siendo elevadas. Y la incertidumbre sobre el coste de mantenimiento a largo plazo — especialmente la sustitución de la batería — sigue ahí. La subvención no democratiza el acceso: maquilla la diferencia de precio justo lo suficiente para que el discurso político pueda decir que «se están dando ayudas». Pero el trabajador medio sigue sin poder acceder.

Además, ¿de dónde sale el dinero de esas subvenciones? De los presupuestos públicos. Es decir, de tus impuestos. Vuelves a pagar. Pagas impuestos que financian subvenciones que benefician a compradores con mayor capacidad adquisitiva y a fabricantes que no rebajan sus márgenes. Es un sistema circular donde el dinero del contribuyente medio fluye hacia arriba, no hacia abajo.

Y si eres autónomo o pequeño empresario que necesita una furgoneta para trabajar, la situación es todavía peor. Las alternativas eléctricas en vehículos comerciales son escasas, caras y con autonomías que no cubren las necesidades reales de reparto o servicio técnico en zonas dispersas. Pero las restricciones de circulación te afectan igual. Pagas el mismo impuesto, recibes la misma presión, y no tienes una alternativa real que se adapte a tu actividad profesional.

El transporte público: la solución que nadie quiere implementar de verdad

Si de verdad el objetivo fuera reducir las emisiones del transporte privado, la solución más eficaz, más equitativa y más lógica sería un transporte público que funcionase. No que existiera sobre el papel. Que funcionase de verdad.

¿Quieres que deje el coche en casa? Perfecto. Dame una alternativa real. Dame un autobús que me lleve al polígono industrial a las seis de la mañana, cuando arranca mi turno. Dame un tren de cercanías que conecte mi municipio con la zona industrial donde trabajo sin hacer tres transbordos y tardar tres veces lo que tardo en coche. Dame una frecuencia de paso que no me obligue a salir de casa una hora y media antes por si acaso. Dame un último servicio que me permita volver a casa después de un turno de tarde sin tener que depender de que alguien me recoja.

Pero eso no pasa. Y no pasa porque invertir en transporte público de verdad — el que conecta polígonos, hospitales, turnos rotativos, zonas rurales y periurbanas — no genera el mismo retorno político ni económico que subvencionar coches eléctricos. Un autobús que llega al polígono a las cinco y media de la mañana no sale en la foto. Una estación de carga rápida inaugurada por un consejero autonómico, sí.

En España — y en buena parte de Europa — los polígonos industriales son agujeros negros del transporte público. Millones de trabajadores se desplazan cada día a zonas industriales donde el coche privado es la única opción viable. No hay conexión ferroviaria, no hay líneas de autobús con frecuencias adaptadas a turnos rotativos, no hay infraestructura ciclista segura. Y sin embargo, a esos mismos trabajadores se les exige que dejen el coche de combustión. Es como obligar a alguien a dejar de usar una linterna sin antes instalarle la luz eléctrica en casa.

Los que legislan desde la burbuja

Los mismos políticos que diseñan normativas de emisiones, que aprueban zonas de bajas emisiones y que firman los planes de transición ecológica se desplazan en coches oficiales. No cogen el metro en hora punta. No esperan el autobús bajo la lluvia. No llegan tarde a trabajar porque cercanías se ha retrasado. No planifican su semana en función de si hay huelga de transporte.

Legislan sobre movilidad sostenible desde una burbuja de privilegio en la que jamás van a experimentar las consecuencias de sus propias decisiones. Y cuando les cuestionas, te responden con datos macro, con objetivos de reducción de emisiones a veinte años vista, con proyecciones de descarbonización que suenan fenomenal en un PowerPoint pero que no solucionan cómo llego yo mañana a mi puesto de trabajo.

La ecología no puede ser un proyecto que se financia exclusivamente desde abajo. No puede ser que el trabajador que cobra mil trescientos euros al mes tenga que asumir el coste de la transición ecológica mientras las grandes corporaciones reciben subvenciones para adaptarse y los representantes públicos se desplazan sin restricción alguna. Eso no es política medioambiental. Eso es redistribución inversa de los costes: los que menos tienen, más pagan.

Lo que realmente debería pasar

No pido nada descabellado. Pido coherencia. Si la prioridad es reducir las emisiones del transporte, que la inversión pública real se destine a crear una red de transporte público que permita al ciudadano dejar el coche en casa por convicción, no por coacción. Que las líneas de autobús lleguen a los polígonos industriales con frecuencias adaptadas a turnos de trabajo reales. Que las cercanías conecten los municipios con los centros de empleo, no solo con el centro de la capital. Que exista una infraestructura ciclista segura y funcional, no cuatro carriles bici que terminan en una rotonda.

Pido que las marcas de automóviles asuman una parte real del coste de la transición, no que lo repercutan íntegramente en el precio final. Pido que las subvenciones a la compra de eléctricos no sean un cheque regalo para fabricantes que ya tienen márgenes de beneficio saludables. Pido que si me vas a prohibir entrar con mi coche al centro de la ciudad, primero me garantices que puedo llegar en transporte público de forma digna.

Pido que la ecología deje de ser un negocio político y se convierta en una política real. Porque mientras siga siendo el ciudadano el que paga la factura doblemente — con sus impuestos y con su cartera en el concesionario — esto no es transición ecológica. Esto es un trasvase de costes disfrazado de conciencia medioambiental.

Y el día que un político coja el autobús de las seis de la mañana para ir a un polígono industrial, ese día empezaré a creerme que la ecología les importa de verdad.